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Covid-19 y Sistemas Agroalimentarios: La resiliencia pasa por atajar el hambre


Editorial:


Ney Barrionuevo J. Director RIMISP Ecuador


Los impactos de la pandemia del Covid-19 sobre los sistemas agroalimentarios en América Latina se los debe analizar bajo la comprensión de que es una crisis aún no superada, sino en pleno desarrollo. Con un deterioro evidente de los indicadores, así como desde el ámbito de la oferta de alimentos, pero también desde la perspectiva de la demanda y la seguridad alimentaria, y desde la multidimensionalidad de sus impactos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales.


Desde el punto de vista sanitario, hasta el 18 de agosto de 2020, Latinoamérica reportaba 11.6 millones de contagios y 419 mil personas fallecidas[1] a causa del Covid-19, confirmadas; sin embargo, esa estadística se queda corta respecto al exceso de muertes durante la pandemia. Para tener una idea de la proporción de esas cifras, en Ecuador, el número oficial de muertes confirmadas por el coronavirus, es según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de 6.010 personas, mientras que el Registro Civil reporta un exceso de muertes de 28.816 desde el inicio de la pandemia, es decir 4.8 veces más que las confirmadas, pero atribuibles a la emergencia sanitaria.


Si bien la pandemia ha causado mayores estragos en las urbes al inicio, en las zonas rurales han ido en aumento el número de contagios y decesos; por una parte, en la ruralidad existe una menor densidad poblacional, los hogares en las poblaciones rurales más alejadas de núcleos urbanos se encuentran distantes unos de otros y es más factible mantener medidas de distanciamiento en los espacios de labor agrícola, por otro lado, la población rural tiene una mayor proporción de adultos mayores, que es un grupo de alto riesgo, los niveles de pobreza generan mayor vulnerabilidad y la cobertura y calidad de los servicios de salud son inferiores.


En términos de la oferta agrícola, la pandemia no ha tenido mayores impactos en un primer momento, debido en parte a que las siembras se habían realizado antes de la emergencia, así como porque la actividad productiva en la mayoría de las cadenas agropecuarias se ha mantenido, incluida la provisión de insumos. Incluso los precios al productor en rubros básicos como el arroz se han incrementado estimulados por una demanda acelerada, que buscaba acopiar alimentos ante la incertidumbre de la pandemia.


Sin embargo, para el ciclo productivo del segundo semestre del año, los agricultores se enfrentan a mayores dificultades para obtener financiamiento y a demoras en el pago por parte de las industrias como consecuencia de la contracción de las economías nacionales, lo que va a implicar un decrecimiento relativo en las siembras y oferta alimentaria hacia fines del 2020.


El carácter global de la crisis del Covid-19 generó un fuerte decrecimiento de las exportaciones agrícolas, tanto en volumen por una menor demanda y dificultades logísticas en los puertos, como por la caída en los precios internacionales; si bien el comercio internacional no se detuvo y se observa una recuperación gradual, el impacto del descenso de las importaciones en el segundo trimestre del 2020, generará un decrecimiento anual del 10% al 20% en los principales rubros agroexportables.


La disponibilidad de los alimentos en rubros como el trigo, que es una materia prima importada por la mayor parte de los países de la región, no se ha visto afectada tanto por la continuidad de la logística de importaciones, como porque se ha mantenido la capacidad de compra de las cadenas, estimulada por un aumento del consumo de pan, alimento básico en la dieta que proporciona calorías a un costo relativamente bajo.


El acceso físico a los alimentos si bien se ha visto limitado por las medidas de cuarentena y de restricción a la circulación, así como por el cierre temporal de mercados mayoristas y populares, en el intento de evitar riesgos y cortar la cadena de contagios masivos, se ha ido normalizando en el tiempo, salvo el caso de Bolivia por los bloqueos de manifestantes, y en general la red de distribución de mercados, ferias, supermercados y tiendas de abasto, ha permitido que la oferta y disponibilidad de alimentos llegue a los hogares.


Los efectos de la crisis de la pandemia sobre la economía, el aumento del desempleo y de la precariedad informal, las reducciones en los salarios y en las ventas de los emprendimientos, han ocasionado una disminución de los ingresos promedio en los hogares, el paso de capas vulnerables a una situación de pobreza y el deterioro en las condiciones de vida, incluyendo la alimentación de las personas que ya se encontraban en la categoría de pobreza o de pobreza extrema en la pre-pandemia.


De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza en América Latina se incrementará en 45,4 millones de personas este año. Con dicho aumento, el total de personas en esta situación pasará de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020. Esto representa más de 230 millones de personas que situarán en la pobreza, al finalizar este año; siendo este el factor de mayor preocupación para los sistemas agroalimentarios de la región, porque existe un riesgo cierto de inseguridad alimentaria, que se acrecienta conforme se deterioran las previsiones de disminución del PIB, incremento del desempleo y pobreza.


El acceso económico a los alimentos se encuentra en riesgo y se evidencia en una menor capacidad de compra en cantidad, como en un empobrecimiento de la diversidad y calidad, como la tendencia observada de un mayor consumo de carbohidratos como fuente de calorías de menor costo relativo en detrimento del consumo de proteínas (carnes rojas, de pollo y lácteos), es decir, una menor cantidad de alimentos y una dieta  menos nutritiva, que golpea con más fuerza a los grupos vulnerables como la infancia, las personas en extrema pobreza y los migrantes, y que repercutirá en los niveles de desnutrición aguda que se pueden transformar en crónica si la situación perdura en el tiempo.


Una combinación de crisis sanitaria, con recesión de las economías, crecimiento del desempleo y de la pobreza, acompañados de inseguridad alimentaria (léase, hambre), en contextos nacionales altamente polarizados, genera un escenario de conflictividad social y política de impredecibles consecuencias que amerita alertas tempranas.


Por otra parte, la crisis de la pandemia ha transcurrido, por fortuna, en condiciones normales del clima, sin embargo, la región es altamente vulnerable al cambio climático, en forma de sequías, inundaciones o heladas, que afectan a los sistemas agroalimentarios, tanto a la oferta como finalmente a la disponibilidad y precios al consumidor.


En ese contexto, a pesar de la resiliencia mostrada por los sistemas agroalimentarios en la región, que ha permitido mantener la oferta y disponibilidad de alimentos, se requiere de políticas activas de crédito productivo para mantener la oferta, el funcionamiento de corredores logísticos bio-seguros hacia mercados, supermercados, industrias y exportación, el fortalecimiento de las ferias locales y circuitos alternativos, el establecimiento de bonos alimentarios a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, que contribuyan a sostener la demanda, así como reforzar y ampliar la cobertura de los programas de asistencia alimentaria a grupos vulnerables como madres embarazadas y en lactancia, desayuno y almuerzo escolar, tarjetas o kits de alimentos para migrantes, banco de alimentos y otras iniciativas que aseguren una alimentación básica.


La recuperación económica puede tomar de 2 a 4 años en función de la situación precedente y de la capacidad de respuesta de cada país, pero el hambre no espera; las condiciones de estabilidad política y cohesión social mínimas para la reactivación económica dependen en gran medida de atajar a tiempo el fantasma del hambre sobre la región y para ello se precisa de la toma de conciencia de la gravedad del problema desde los gobiernos y la implementación de iniciativas rápidas en coordinación con el sector privado y la sociedad civil.


La resiliencia del sistema agroalimentario no es solo un reto desde la oferta, sino en la actualidad principalmente de la capacidad de las sociedades para fortalecer la seguridad alimentaria, con medidas de asistencia a grupo vulnerables desde el corto plazo hasta que los indicadores de desempleo y pobreza se restablezcan.


Fuente: RIMISP


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